Reclamo por fondos para lucha contra el narcomenudeo llega a la Cámara de Diputados de la Nación

El reclamo de la justicia chaqueña para
que la Nación cumpla con la obligación de las partidas presupuestarias
previstas en la ley 26.052 para la persecución del narcomenudeo tuvo su
correlato con el proyecto presentado por los diputados Juan Manuel
Pedrini, Aldo Leiva, Gerardo Cipolini, Juan Carlos Polini y la diputada
María Luisa Chomiak, junto a otros legisladores, en el que exhortan al
Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial de
la Nación a cumplir dicha obligación.

En 2015, el Chaco adhirió a
la ley que desfederalizó la persecución del narcomenudeo y asumió la
competencia. Sin embargo, luego de nueve años y con la creación del
fuero de narcotráfico incluida, nunca recibió las transferencias
previstas.

La iniciativa elevada a la Cámara de Diputados de la
Nación surge luego de la reunión que el Superior Tribunal de Justicia
del Chaco mantuvo a fines de agosto con senadores y diputados en la que
analizaron la posibilidad de incluir en el presupuesto del año próximo
el financiamiento de la persecución del microtráfico que el Poder
Judicial del Chaco asumió en 2015 y que se prevé requerirá más de $3.000
millones en 2025.

El proyecto destaca que entre las erogaciones
que generan mayores erogaciones "se encuentran las adquisiciones de
insumos específicos por parte del Instituto Médico de Ciencias Forenses
(IMCIF) y del Gabinete Científico, como ser insumos para Laboratorio de
toxicología forense, drogas y reactivos, entre otros, incluyéndose
también la adquisición de un software forense (Celebrite Inseyet) en
$31.500.000 (año 2024)".  Mientras que para 2025 están proyectadas
"partidas presupuestadas para hacer frente a la creación y puesta en
funcionamiento, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, de un
Juzgado de Garantías, una Defensoría Oficial Antidrogas y dos Fiscalías
de Investigación Antidrogas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
2305-N".

"La investigación y la persecución de los delitos de
narcomenudeo requieren cada vez mayores erogaciones, fundamentalmente
por el crecimiento del flagelo y su complejidad. Para el fortalecimiento
de aquellas actividades resulta menester hacer efectivas las
transferencias de recursos por parte de las dependencias nacionales
respectivas", explica la iniciativa.

Hasta el momento el Poder
Judicial del Chaco debió hacerse cargo siempre de los costos que implicó
la desfederalización, pese a que el artículo 5 de la ley 26.052
estableció "un sistema de transferencias proporcionales, a las
jurisdicciones (provinciales o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) que
adhieran, y que así lo requieran de los créditos presupuestarios de la
Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de
la Nación correspondientes a fuerzas de seguridad, servicio
penitenciario y prestación de justicia con el objeto de garantizar la
ejecución de la presente ley".

Fuente Area de Prensa PJCH.-