Diez años del fuero contra el narcotráfico: investigación, cercanía a la comunidad y recuperación de activos

El 25 de agosto de 2015, hace diez años,
empezaba a funcionar el fuero contra el narcotráfico en el Chaco que se
constituyó en una pieza esencial en la lucha contra este flagelo. Fue a
partir de la adhesión a la ley 26.052 que estableció el régimen de
desfederalización mediante el cual los poderes judiciales provinciales
se hacían cargo de la investigación y sanción del microtráfico de
estupefacientes. Para eso se creó una estructura con dos fiscalías de
investigación, una defensoría oficial y un juzgado de garantías
especializados en la temática. 

Desde 2015 las fiscalías
trabajaron sin pausa en las investigaciones penales preparatorias y
elevar a juicio las causas. En tanto que el juzgado de garantías se
consolidó como el órgano encargado de traducir esa investigación en
operativos concretos al ordenar allanamientos, habilitar intervenciones
telefónicas y vigilancia y supervisar los operativos de incineración de
drogas secuestradas. Mientras que la defensoría tiene un rol clave en
asegurar que durante los procesos judiciales se respeten los derechos
básicos de las personas.

Sin embargo, pese a la contribución
indudable del fuero y a los reclamos realizados en numerosas ocasiones a
través de los años, la provincia nunca recibió los aportes que la
nación se comprometió a entregar para solventarlo. Así, los fondos
necesarios para su funcionamiento (NdeR: que en el presupuesto 2025
fueron estimados en, al menos, $3.000 millones) son aportados por el
presupuesto del Poder  Judicial del Chaco, lo que obliga a desatender
otras cuestiones vitales para el servicio de justicia. 

Más cerca de la comunidad
Una
de las virtudes más notorias de la desfederalización se percibe en el
acercamiento de los vecinos a las fiscalías para brindar información
respecto a los sitios que funcionan como centros de venta de
estupefacientes en los barrios. 

Estas contribuciones son
canalizadas a través de los foros de seguridad o a través de las
denuncias anónimas un canal que antes estaba reservado únicamente al
fuero federal. El aporte de la línea 0800-DROGAS resultó fundamental en
este sentido. En 2024, año en que se puso en funcionamiento, recibió 294
comunicaciones de ciudadanos que optaron  por no identificarse y, en lo
que va de 2025, la cifra asciende a 115. Esto contrasta con las ocho
realizadas en 2023. El valor de esta vía de contacto queda comprobado al
observar que 75% de las denuncias anónimas resultaron válidas y fueron
judicializadas.

Recuperación de activos e inmuebles
La
persecución del narcomenudeo permitió que diversos activos e inmuebles
que eran utilizados en la comercialización de drogas fueran recuperados y
puestos al servicio de la comunidad de acuerdo con lo establecido por
la ley 1238-A.

Así automóviles, motocicletas e inmuebles fueron
destinados al cumplimiento de funciones de seguridad y ciudadana con una
leyenda que los identifica como recuperados en la lucha contra el
narcotráfico.

Integrantes
Los organismos jurisdiccionales que integran el fuero contra el narcotráfico son:
- Fiscalía antidrogas Nº 1: Natalia Lovey Pessano en la Fiscalía Antidrogas Nº 1
- Fiscalía antidrogas Nº 2: María Eugenia Arechavala (actualmente de licencia. Suplente: Mariángeles Benítez).
- Defensoría oficial: Walter Milcoff.
- Juzgado de Garantías Nº 5: María Belén Chapresto.